En un avance significativo para la protección animal en el país, la Cámara de Representantes aprobó en último debate un proyecto de ley que incorpora a los animales como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Esta nueva disposición permitirá que animales domésticos, silvestres y de producción reciban atención directa en situaciones de emergencia como inundaciones, incendios forestales, terremotos o deslizamientos de tierra.
La propuesta, liderada por la senadora Esmeralda Hernández, modifica la Ley 1523 de 2012 y reconoce a los animales como seres sintientes que deben ser incluidos en la planificación, respuesta y recuperación frente a eventos de origen natural. De acuerdo con el equipo de la congresista, esta nueva legislación obliga al Estado a desarrollar protocolos operativos claros y eficientes para la protección de los animales durante desastres, una responsabilidad que hasta ahora había recaído casi exclusivamente en organizaciones civiles y voluntarios.
Uno de los puntos críticos que motivó el proyecto fue la ausencia de registros oficiales sobre el número de animales afectados por catástrofes en el país, lo cual ha dificultado la implementación de políticas efectivas en este ámbito. Según Hernández, esta omisión histórica representa una deuda del Estado con una población especialmente vulnerable durante crisis naturales.
El articulado contempla que, en adelante, los planes nacionales y regionales de gestión del riesgo deberán contemplar acciones específicas para rescatar y brindar atención veterinaria a los animales afectados, así como garantizarles condiciones adecuadas de refugio y alimentación en medio de la emergencia.
“Esta ley representa un paso fundamental para garantizar la protección de los animales en momentos críticos. No solo se trata de salvar vidas, también es una medida clave para preservar ecosistemas y mitigar impactos negativos sobre las comunidades rurales que dependen de ellos”, señaló la senadora a través de su cuenta oficial en la red social X.
Además, resaltó que esta nueva normativa también beneficiará a las economías campesinas, que muchas veces ven comprometidos sus medios de vida tras la pérdida de ganado u otros animales en eventos naturales.
Con esta aprobación, Colombia da un paso importante hacia un enfoque más integral de gestión del riesgo, donde la vida animal también es considerada una prioridad en la respuesta estatal frente a emergencias.